Uso defensivo de la fuerza
 
De acuerdo con los principios adoptados por la ONU el uso de la fuerza y de las armas debe conciliarse con el respeto de los derechos humanos, de tal forma que se reduzca, en la medida en que sea posible, el empleo de medios que puedan generar lesiones o la muerte.
 
Con base en lo anterior y teniendo presente el objetivo de la seguridad privada, se concluye que el uso de fuerza del personal habilitado de las compañías de seguridad privada, debe ajustarse a los siguientes parámetros:  
 
1. Es de carácter excepcional.

2. Sólo debe utilizarse en casos estrictamente necesarios.

3. Procede en casos de legítima defensa.
 
La fuerza, es decir el uso de medios de confrontación, se encuentra autorizado como respuesta a:
 
1. Una amenaza actual, inminente y real, de vulneración de la vida o de la integridad propia o de las personas o de los bienes que se encuentran bajo su cuidado, siempre que no pueda ser evitada por otros medios.

2. No está autorizado como medio ofensivo, es decir de ataque.

3. De igual forma, el uso de la fuerza se encuentra legitimado en los casos de flagrancia, es decir para proceder a la aprehensión o detención de quien acaba de cometer un delito o para impedir su fuga, mientras hace presencia la policía.
 
4. Debe aplicarse el principio de proporcionalidad entre la reacción y la amenaza, de tal forma que entre menor sea la amenaza, menor debe ser la reacción
 
5. Esta valoración debe realizarse no sólo con relación a los medios utilizados por quienes la ejecutan, sino también con relación al valor del bien en riesgo, tal y como sería el caso de amenazas en contra de la vida o la integridad física de las personas, frente a amenazas de hurto o de daños de bienes.
 
 

Uso de la fuerza y utilización de armas
 
Para que la conducta del VS, en las actuaciones que demanden del uso de armas, se adapte al principio de adecuación al “Ordenamiento Jurídico” se requiere:

  1. Autorización legal expresa; dada por el respeto y cumplimiento de la normativa expuesta anteriormente.
  2. Respeto a la dignidad de la persona; límites que vienen dados por el conjunto del Ordenamiento Jurídico Español.
  3. Así mismo decíamos que el uso de la fuerza por los VS ha de ser “oportuno”; este concepto significa que la fuerza a utilizar deberá ser racionalmente imprescindible para cumplir objetivos y en el momento preciso.
  4. Tendrá que valorar si dispones de otros medios para cumplirlos. Por ejemplo, contar de técnicas de comunicación como la persuasión. En el caso que pudieran utilizarse otros medios alternativos para cumplir la misión, no estaría justificado el uso de la fuerza.
  5. Si se cumpliera el principio de “oportunidad” y fuera absolutamente necesario tener que utilizar la violencia para cumplir sus misiones y cometidos profesionales, tendrá que valorar que medios, de los que dispone, van a utilizar de acuerdo a la situación dada. A esto se le llama “congruencia”; que de todos los medios reconocidos por la Ley como aplicables, habrá de elegirse el más indicado para cada situación.
  6. Ésta deberá ser la menor posible para la finalidad pretendida, esto es, por un lado, que se utilice el medio menos peligroso y, por otro lado, que ese medio se use del modo menos lesivo posible, todo ello medido con criterios de orden relativo, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, entre ellas las posibilidades de actuación de que dispusiera. Los VS en el ejercicio de la violencia han de procurar la menor lesividad posible en aquellos que la sufren, ya que la restauración del orden se debe de lograr con el menor daño y quebranto para personas o cosas.
  7. Cumplido lo anterior, el agente deberá ponderar los bienes jurídicos en juego, o lo que es lo mismo, bien jurídico que protege y bien jurídico que va a lesionar, ya que la fuerza y la violencia a ejercer han de resultar “proporcional” a la gravedad del supuesto concreto que se trate. Este principio constantemente recogido por nuestra legislación consiste en la debida consonancia entre la exigencia del deber y la protección de los derechos del presunto delincuente. Estaríamos hablando de la intensidad en como se utiliza la fuerza. El mal a producir no puede ser mayor que el que se trata de evitar. Adecuación entre la técnica o medio empleado, el bien jurídico protegido y el resultado.
  8. Siguiendo estos pasos se cumpliría el principio de “menor lesividad posible”, pues la violencia utilizada habrá sido proporcionada en relación con la situación que originó la intervención.
  9. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la levedad del caso, a veces, justifica la no intervención o impide la utilización de un determinado medio demasiado peligroso cuando se carece de otro de inferior lesividad o éste aparece como ineficaz. De aquí la importancia que los agentes cuenten con medios alternativos para un uso graduado de la fuerza.

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