NORMATIVA REGULADORA.

Varias son las disposiciones normativas sobre esta materia, tanto en la legislación estatal como en las de naturaleza autonómica.

Haremos aquí referencia solamente a la normativa estatal, principalmente:

Constitución Española.
Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 111/86, que desarrolla en parte la ley anterior.
En primer lugar, nuestra Constitución, se refiere a esta materia:

Art. 46.-“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquier que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

Art. 149, 1,28…El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: “Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación, museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las CCAA”.

De la Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, (BOE 155, de 2906-85), destacamos los aspectos siguientes:

El objeto de la ley es la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.

Este Patrimonio lo constituyen aquellos bienes, muebles o inmuebles, que tengan algún interés:

Histórico.
Artístico.
Paleontológico.
Etnográfico.
Científico.
Técnico.
-También forman parte de ese Patrimonio:

Yacimientos
Zonas arqueológicas.
Sitios naturales.
Jardines y parques con valor histórico, artístico o antropológico.
En esta ley, se señalan, como deberes u obligaciones del Estado, en relación con dichos bienes:

Garantizar su conservación 
Promover su enriquecimiento.
Fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos a esos bienes.
Proteger dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
Recuperación de los bienes ilícitamente exportados.
 

PROTECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Con el fin de contribuirá la protección de estos bienes, la ley señala que la administración pública debe adoptar algunas medidas, entre las cuales destacamos:

Establecer periódicamente Planes nacionales de información sobre el Patrimonio Histórico Español (los aprueba el Consejo del Patrimonio H. español).
Confeccionar un Inventario General de Bienes Muebles.
Declaración de Bienes de Interés Cultural, que deben incluirse en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Los Bienes de Interés Cultural son:

Inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos estatales, asi como los bienes muebles custodiados en su interior.
Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, castillos, emblemas, cruces de término y otras piezas similares, al igual que hórreos o cabazos antiguos existentes en Asturias y Galicia.
Los Bienes de Interés Cultural deben ser declarados mediante Real Decreto, de forma individualizada; para ello se incoa un expediente administrativo.

Si esos bienes son del Estado hay que contar además con un informe favorable de alguno de estos organismos:
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del Patrimonio Histórico Español.
Reales Academias.
Universidades españolas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Juntas Superiores.
Si son bienes de las Comunidades Autónomas, el informe lo efectuarán sus propios órganos.
Real Decreto 111/86.

Este Real Decreto desarrolla parcialmente la Ley 16/85, añadiendo además algunas particularidades:

Deberá existir un Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Cada Bien que figure en ese Registro deberá tener un código de identificación.
Además, deberá confeccionarse un Inventario General de Bienes Muebles que integren el Patrimonio Histórico.
La Disposición Adicional Primera añade que las autoridades o los órganos encargados de la protección de estos bienes solicitarán, a través de los Gobernadores Civiles (hoy Subdelegados del Gobierno) la protección y auxilio de las FFCCSE.

El Grupo de Investigación para la Protección del Patrimonio Histórico Español, adscrito al Servicio Central de la Policía Judicial y el Grupo de Patrimonio de la Unidad Central Operativa del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil deberán actuar en estrecha colaboración con el Ministerio de Cultura.

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