ley de seguridad privada concordancia jurisprudencia 9788483422182

LEY 5/2014 DE SEGURIDAD PRIVADA. NOTAS CARACTERISTICAS.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUTORIZADAS A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD.

El objeto de esta Ley es la regulación de las actividades y servicios de seguridad privada, las investigaciones privadas, y la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fecha de publicación BOE de 5 de abril de 2014 – acceso a la publicación oficial Entrada en vigor 5 de junio de 2014. Normas derogadas Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Habilitaciones y acreditaciones específicas: el personal de seguridad habilitado, el personal trabajador en centrales receptoras de alarmas y los ingenieros y técnicos encuadrados en empresas de seguridad autorizadas para la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, a la entrada en vigor de la ley, podrán continuar con sus funciones sin necesidad de nueva habilitación o acreditación.

 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES

El Título Preliminar se refiere a cuestiones generales, tales como el concepto de seguridad privada y sus fines, el ámbito de aplicación de la Ley, y los principios que configuran el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública, como ya adelanta el Preámbulo).
1) Destaca la concreción de qué son “actividades de seguridad privada” (artículo 5), esto es, las que se regulan por la Ley, diferenciándolas de las “actividades compatibles” (artículo 6) que quedan fuera del ámbito de aplicación, pero igualmente pueden realizar las empresas del sector, así como de las “actividades excluidas” (artículo 7).

 

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA (ART 5)

a.- La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas, que pudieran encontrarse en los mismos.
b.- El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.
c.- El deposito, custodia y recuento clasificación de monedas y billetes, títulos, valores, joyas, metales preciosos antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir especial vigilancia y protección.
d.- El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen vigilancia y protección especial.
e.- El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.
f.- La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales de alarmas o a centros de control o de video vigilancia.
g.- La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y en su caso respuesta y transmisión de las señales de alarma.
h.- La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte.

A los efectos de limitar la actuación de seguridad privada en relación con determinados derechos fundamentales, el artículo 8.4.a) dispone que las empresas del sector no podrán intervenir ni interferir, mientras estén ejerciendo los servicios y funciones que les son propios, en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales.

En el apartado relativo a las prohibiciones (artículo 10), cabe reseñar la incompatibilidad de las actividades de seguridad privada y de despacho de detectives privados, como medida tendente a evitar el intrusismo; adicionalmente los despachos de detectives no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, lo que queda reservado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Será obligada la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto a nivel de cesión de información, comunicando “todo hecho delictivo del que tuviesen conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones”, como a nivel material, “poniendo a su disposición a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas relacionadas con los mismos”.

Las empresas de seguridad privada, siempre que cumplan los requisitos que la Ley establece, deberán obtener la preceptiva autorización de la Administración estatal o autonómica, según su ámbito de actuación, cuya validez será, en principio, indefinida; y posteriormente deberán inscribirse en el Registro nacional o autonómico correspondiente.

Por lo que respecta a los despachos de detectives privados, se establece el régimen de declaración responsable y posterior inscripción registral, así como importantes obligaciones de comunicación de sus actividades a las autoridades competentes, entre otras: comunicar cada servicio de investigación que contraten, poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos delictivos que descubran, remitirles una memoria anual de actividades o poner a su disposición toda la documentación en caso de cierre del despacho.

 

ASPECTOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TENENCIA Y CONSUMO ILICITO DE DROGAS.

Se ha publicado la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, que entro en vigor el uno de julio de 2015, salvo lo dispuesto disposición final primera (Régimen especial de Ceuta y Melilla), que lo hará el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el uno de abril.

Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación:

a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades.
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público.
g) La garantía de las condicion

Asimismo, la Ley sanciona conductrelato de un régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley.

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.

 

Cuatro faltas muy graves (art. 35) (sanciones entre 30.001 y 600.000 euros)

- Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
- Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.
- Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
- Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Veintitrés faltas graves (art. 36) (sanciones entre 601 y 30.000 euros)

- Perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas.
- La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran eunidas.
- Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
- Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
- Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia.
- La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
- Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes" por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.

- Perturbar el desarrollo de una manifestación lícita.

- La intrusión en infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales para la comunidad) incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
- Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
- Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial.- Fabricar, almacenar o usar armas reglamentarias o explosivos sin autorización así como la omisión o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
- Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
- El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño.
- No colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.

- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas) 20.

- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
- La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
- Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.
- Incumplir las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.
- El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Diecisiete faltas leves (art. 37) (sanciones entre 100 y 600 euros)

- La celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores.
- Exhibir de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio.
- Incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo.
- Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad.
- Hacer o incitar a actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena.
- La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
- La ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada.
- No denunciar la pérdida o el robo de un arma.
- Las irregularidades en la cumplimentación de los registros previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad ciudadana.
- No tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida.
- La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año.
- Negarse a darle la documentación a la Policía.
- Causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública.
- Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños.
- La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad.
- Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
- El consumo de alcohol en lugares públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

 

ASPECTOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TENENCIA Y CONSUMO ILICITO DE DROGAS

- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.

- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).

- Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
- La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios. Estas infracciones enumeradas anteriormente son sancionadas por la ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, con sanción de 601 a 30.000 euros, como falta grave en la ley de seguridad ciudadana.

 

En el caso de los vigilantes de Seguridad la actuación cuando una persona consuma drogas o productos estupefacientes en el lugar donde el vigilante preste sus servicios; el mismo deberá:

-“Identificar a la persona que este consumiendo cualquier tipo de drogas; y pasarle la identificación de esa persona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ser sancionado”.

La tenencia de ilícita de drogas no es punible penalmente; solo se podrá sancionar administrativamente en virtud; del art. 36 de la ley 4/2015 y con la pena anteriormente citada.

Por otro lado pasamos a enumerar como penalmente se considera el tráfico de drogas:

Art. 368 Código Penal: Los que ejecuten el cultivo, elaboración o tráfico, o que de otro modo “promuevan, favorezcan o faciliten” el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, serán castigados con penas de prisión de tres a seis años.

Por otra parte el art. 370 nos dice: que se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el art. 368 cuando:
- Se utilicen menores de 18 años o disminuidos para cometer estos delitos.
- Se trate de jefes administrativos.
- Cuando las conductas descritas en el 368 fuera de extrema gravedad.

“En este caso al ser un delito expuesto en el Código Penal y como muy grave ya que excede de los 5 años de prisión, el vigilante debe de detener a la persona que realice la conducta y entregarlo de la forma más rápida posible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”

 

 Volver a Información sobre el Curso de V. de Seguridad