Detenidos 2

DERECHOS DEL DETENIDO

El artículo 17.3 de la C.E. señala que: “Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea compresible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

A tal efecto, la L.E.Cr. (art.520.2), dispone lo siguiente:

1) A guardar silencio; a no declarar si no quiere; a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

2) A no declarar contra si mismo y a no declarase culpable.

3) A designar Abogado y a solicitar su presencia en las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido no designara Abogado, se le nombrará de oficio.

El nombramiento de Abogado por designación del propio interesado o de oficio es imprescindible, salvo que se tratara de hechos tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, en los que el detenido puede renunciar a la preceptiva asistencia de Abogado.

4) A que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia. si se tratase de extranjeros, pueden pedir que tales circunstancias se comuniquen a la Oficina Consular de su país.

5) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o hable el castellano.

6) Derecho a ser reconocido por el Médico Forense o su sustituto legal o en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre o el de otra de carácter estatal o perteneciente a las administraciones públicas.

 

LA ASISTENCIA LETRADA

El artº 24.1 de la Constitución Española reconoce a todas las personas el “derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales.

Todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidaran, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de disposición expresa, a instruir a éste de sus derechos y de los recursos que pueda ejercitar, mientras no se hallare asistido de defensor.

 

PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO

La culminación del procedimiento señalado en la Ley, en cuanto a la detención, modos, formas y tiempo máximo, es la puesta a disposición de la Autoridad Judicial, que deba conocer del caso, del detenido, así como las pruebas realizadas, efectos intervenidos y el conjunto de diligencias que conforman el atestado policial.

La autoridad judicial, una vez revisado el caso, ordenará, bien la puesta en libertad del detenido o su ingreso en prisión.

 

DESTINO DE LA DETENCION

Si la entrega del detenido se hace al Juez que lleva la causa éste, podrá, por auto motivado, elevar la detención a prisión provisional o decretar su puesta en libertad en el plazo de setenta y dos horas.

Si la entrega se hace a Juez distinto del que conoce la causa caben tres alternativas:

1) Que se siga sumario por otro juzgado. En este supuesto, el órgano que ha recibido al detenido se limitará a tomar los datos de quien realiza la entrega, así como los del detenido y motivos de la detención; acto seguido y tras haber realizado tal diligencia, el Juez remitirá las diligencias y el detenido al órgano competente.

2) Que no se haya iniciado todavía el sumario. En este caso el órgano receptor realizará las primeras diligencias y de éstas decretará la prisión o libertad para el detenido, todo ello dentro del plazo de setenta y dos horas, pasando acto seguido las actuaciones y el preso, en su caso, al Juez competente.

3) Que hubiere recaído condena. En este caso el órgano jurisdiccional que recibiera al detenido se limitará a enviarlo a la prisión donde deba cumplir condena.

De todas estas actuaciones, se dará cuenta al Ministerio Fiscal, así como al querellante particular si lo hubiere, y al procesado, quien tendrá el derecho a alegar en este sentido lo que estime conveniente.

 

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